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Entre los muchos "méritos"del actual gobierno que preside Zapatero, puede destacarse el que España, antiguamente un paraiso de seguridad y calidad de vida, haya dejado de ser un lugar bueno para vivir. La delincuencia callejara y la violencia han crecido espectacularmente en el año 2007 porque la ley es permisiva y los delincuentes perciben facilidad para acosar, robar y asesinar a los ciudadanos.

Los delincuentes que padecemos son ladrones violentos y asesinos enloquecidos y bien entrenados que se dedican a robar, atracar, apalear y asesinar, aprovechando la debilidad del gobierno, la blandura del sistema legal, la incapacidad de los políticos para gestionar la convivencia y la ineficacia pública para garantizar, como es su deber, la seguridad ciudadana.

Todos los maleantes del mundo se han enterado de que existe la permisiva España y han convertido la sociedad española en su propio campo de extorsión y lucha. Los maleantes colombianos están machacando a los joyeros, las bandas militarmente entrenadas de Europa del Este están haciendo su agosto en los chalets, en los centros comerciales y en los bancos.

La policía tiene detectada 16 bandas organizadas y bien entrenadas que operan sólo en Madrid, pero se siente incapaz de combatirlas con eficacia y recuerda que faltan 3.000 policías en su plantilla.

Cuando un observador independiente analiza la situación, sospecha que el gobierno se siente a gusto con el vandalismo y el crimen en las calles y hasta en los hogares porque así los ciudadanos, atemorizados, dejan de pensar en sus otros dramas, en la desigualdad, en el dominio que padecen, en la injusticia que les rodea, se tornan más fácilmente manipulables y tienden a necesitar, para protegerse, esa autoridad ineficaz que representan los políticos.

Los dirigentes políticos, ante la plaga delictiva, demuestran su escandalosa incapacidad y su lejanía de la realidad. Al vivir en burbujas de riqueza, privilegios y seguridad, con coches oficiales, residencias vigiladas, escoltas y sueldos de lujo, desconocen las privaciones y amenazas de la población. No se atreven a reformar la ley de menores que permite a los adolescentes marroquies apalear a ciudadanos y robar con impunidad. Esos delincuentes, por ser menores, según la ley, no pueden ser castigados por sus víctimas, ni expulsados por el gobierno.

España necesita con urgencia algunas reformas: un código penal nuevo, más fuerzas de seguridad, un gobierno con dignidad y valor y una sociedad más exigente y rebelde, que sea capaz de exigir a sus políticos empleados que cumplan su deber y dejen de atragantarse con la corrupción, los privilegios y la "doce vita" pública.

Nuestros políticos tienen que entender que las cárceles no sólo existen para rehabilitar, sino también para hacer justicia y disuadir, para que dejen de proliferar como hongos las víctimas, las mujeres violadas, los niños sometidos a abusos, los empresarios arruinados y para que los que han sufrido el azote del aterrorismo no sean burlados.

Necesitamos que matar en España deje de ser barato para los de fuera y caro para los de dentro.